Originalmente publicado por
koskochikita
Se que no tiene nada que ver con la Ley que nos atañe a los jugadores/as profesionales, pero yo que a parte de ser jugadora profesional, soy además estudiante de Derecho, os voy a " postear " algo dónde podréis daros cuenta los representantes políticos que tenemos y que cómo pretendemos que entiendan algo como a lo que nos dedicamos una pequeña comunidad de profesionales en España cuando no entienden ni lo que muchos de ellos, porque no todos, ya que muchos de los mismos tienen una más que dudosa cultura y conocimiento de los cargos y funciones que desempeñan, han estudiado o se han preparado para estar donde están como Licenciados en Derecho por ejemplo...............he aquí el " post ", valoren Ustedes mismos,
Acuerdos de la sesión del Claustro Universitario
18/06/2012
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado una sesión extraordinaria del Claustro Universitario que se ha iniciado con la presentación por parte de su Presidente, Jorge Triana, del Informe Anual del Defensor Universitario correspondiente al año 2011.
En este año se han realizado 146 actuaciones, de las que 106 fueron relacionadas con los estudiantes. A organización docente y exámenes corresponden la mayoría de las actuaciones. Del total, 65 fueron consultas; 68 fueron quejas, mayoritariamente de estudiantes, y también mayoritariamente referidas a organización docente y exámenes; y el resto reclamaciones (22) y mediaciones (1).
Jorge Triana señaló que el número de actuaciones en 2011 es prácticamente similar al del año anterior (141) y consideró positiva la puesta en funcionamiento del reglamento de organización académica, ya que a este ámbito corresponden la mayoría de las actuaciones del Defensor.
Para contribuir a la mejora de las actuaciones se ha remitido al Consejo de Dirección diferentes recomendaciones como la inclusión del Suplemento Europeo al Título en las diferentes titulaciones que se imparten, informar a los usuarios de los aparcamientos de sus condiciones, mejorar la dotación en personal e infraestructuras a la Estructura de Teleformación, así como expedir de forma telemática las certificaciones académicas, entre otras.
El Rector José Regidor hizo un informe al Claustro sobre la aplicación de los Reales Decretos de medidas en materia educativa que han afectado, entre otras, a la prohibición de convocatorias de plazas públicas tanto de profesorado como de personal de administración y servicios, las tasas y la dedicación docente del profesorado.
En relación con las plazas, en una última reunión con el Ministro se ha acordado la posibilidad de una tasa de reposición del 10% del profesorado que se jubile en la Universidad. Asimismo, el Gobierno ha solicitado una reducción de fondos para las Universidades, fijado en 3.000 millones en el sistema educativo, y que se ha tramitado a espaldas de negociación con los afectados. El Decreto modifica la dedicación del profesorado que plantea dificultades de aplicación ya que se mide por crédito ECTS que es una medida de estudio del alumno y también afecta a las tasas que pagan los estudiantes por sus estudios. Ello ha provocado la suspensión de la organización docente del curso próximo hasta que no se aclare la aplicación del Decreto.
Regidor explicó a los claustrales cómo se han sucedido los acontecimientos que dieron lugar al plante de los Rectores en una reunión del Consejo de Universidades, y la posterior convocatoria de otra sesión del Consejo de Universidades que emitió un informe negativo unánime contra la reforma de la concesión de las becas. En una nueva sesión con el Ministro Wert se informó que el tema de subida de las tasas no se va a modificar y que sí puede haber algunas reconsideraciones sobre la dedicación docente del profesorado, que está en manos de una comisión mixta que trabaja sobre el tema. Habrá una nueva sesión de trabajo el 26 de junio y una reunión de la Conferencia de Rectores (CRUE) el 28 de junio. En Canarias se está a la espera de una reunión con los Consejeros de Educación y de Hacienda para conocer de cuanto se va a disponer para poder actuar en consecuencia, ya que hoy por hoy se desconoce el marco en el que se va a trabajar. Indicó que espera que en esta misma semana este extremo pudiera aclararse.
El Rector indicó que lo que se busca no es el incumplimiento de la ley, sino dentro de su cumplimiento cómo se puede causar el menor daño posible a la organización universitaria. El Rector añadió que se sigue negociando con los sindicatos y que hasta que no se conozca el número de profesores con que se cuenta no se podrán hacer los planes docentes. El Rector indicó que frente a una aplicación sin más del Real Decreto, la ULPGC ha optado por conocer con detenimiento cómo puede aplicarse con el menor coste para la universidad y su organización y que, como consecuencia, se ha retrasado la realización de los planes docentes para el próximo curso académico.
José Regidor resaltó que esta situación va a afectar sobre todo a los jóvenes investigadores, que no se van a poder incorporar a la universidad y que “vamos a perderlos”. El Rector señaló que los ajustes sobre la plantilla van a ser moderados, dado que la ULPGC lleva trabajando muchos años por ajustar la plantilla docente a las realidades universitarias, por lo que considera que no va a afectar a ningún profesor con contrato permanente.
El Claustro, tras un intenso intercambio de opiniones y reflexiones, acordó adherirse unánimemente al comunicado elaborado por el Consejo de Gobierno en contra de los recortes en materia educativa.
El último punto del orden del día hacía referencia al proyecto de Estatutos de la ULPGC, que fue debatido en Claustro Universitario y que está pendiente de su aprobación. El Rector propuso dos posibles alternativas: de un lado, esperar al próximo Claustro para que tome las decisiones que considere, ya que tiene que haber elecciones en el próximo curso académico; y de la otra, que se proceda a la votación del texto antes de finales del mes de junio. En votación, el Claustro Universitario acordó que se proceda a votar los Estatutos, por lo que el Rector anunció que se convocara un Claustro con este único punto en el orden del día.
COMUNICADO DEL CONSEJO DE GOBIERNO AL QUE SE ADHIERE EL CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE LA ULPGC
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, reunido en sesión ordinaria el 25 de mayo de 2012, tras analizar el Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización de gasto público en el ámbito educativo, acuerda realizar las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Rechazamos este Real Decreto Ley tanto la forma, puesto que en su elaboración se ha ignorado por completo a las Universidades, como el fondo, ya que afecta sustancialmente al modelo de universidad pública y, con ello, el de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, basado en el principio de igualdad de oportunidades y el de servicio público, contemplados en el Artículo 27 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de todos a la educación, tal y como se desarrolla en la Ley Orgánica de Universidades.
SEGUNDA: La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria asume la necesidad de seguir realizando todas las acciones necesarias para incrementar la eficacia y la eficiencia en la prestación de sus servicios. Sin embargo, considera muy grave que una de las medidas para conseguir la reducción del gasto público sea precisamente el recorte de la financiación universitaria, que, en estos momentos, es insuficiente y está por debajo de la media europea; todo ello cuando existe consenso en considerar que la inversión educativa es condición necesaria para los cambios estructurales que exige nuestro sistema productivo y, en consecuencia, para la superación de la crisis. Por todo ello, es imprescindible la defensa de la enseñanza pública y de la dignidad del profesorado universitario.
TERCERA: Es preciso rechazar de manera tajante algunas de las medidas de este Real Decreto-Ley, por considerarlas de especial gravedad:
1. El aumento de los precios públicos de la universidad española, que ya se encuentran por encima de la media europea, sin una adecuada política de becas, incrementará las diferencias sociales en el acceso a los estudios superiores y dificultará aún más la entrada a la universidad de los sectores más castigados por la crisis.
2. Los mecanismos propuestos para la valoración de la dedicación docente, que se reducen, exclusivamente, al criterio del sexenio activo, sin considerar resultados anteriores de investigación, ni otras actividades del personal docente e investigador (publicaciones, proyectos, patentes, transferencia, innovación, gestión…), ni los objetivos estratégicos de las universidades.
3. La regulación de aspectos fundamentales (académicos, investigadores, estratégicos, etc.) que vulnera de manera clara la autonomía universitaria.
4. Las posibilidades que abre el apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto-Ley 14/2012 para la privatización de servicios universitarios de las universidades públicas.
CUARTA: El Real Decreto-Ley 14/2012 demuestra un grave desconocimiento del propio sistema universitario, ya que utiliza el ETCS, que es la unidad de medida del trabajo que debe hacer el alumno, para valorar la actividad laboral del personal docente e investigador.
QUINTA: Todas las universidades públicas españolas han experimentado un proceso de cambio importante en los treinta últimos años, en los que se ha incrementado sustancialmente la generación de conocimiento, su transferencia y la calidad de la actividad docente e investigadora con una financiación muy inferior a la media europea. Este proceso está dando resultados que repercuten muy favorablemente en la sociedad, cumpliendo así con el objetivo fundamental de la Universidad.
SEXTA: La aplicación de este Real Decreto-Ley daña gravemente la calidad de la docencia y la investigación y pone en muy serio peligro los niveles de posgrado (másteres y doctorado).
SÉPTIMA: Las medidas contempladas en el Real Decreto-Ley no implicarán una mejora de la calidad de la universidad pública española ni una mejora en la posición que ocupa en los rankings internacionales, sino que comportará un empeoramiento y un retroceso que costará años recuperar, al mismo tiempo que agravará aún más la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior y la internacionalización de nuestros estudios.
Por todo ello:
1. Solicitamos la retirada del Real Decreto-Ley 14/2012, así como el inicio de un proceso de diálogo con las universidades públicas para dar una solución efectiva a los problemas que, en este momento, tiene el sistema universitario español.
2. Solicitamos al Gobierno de Canarias que garantice la financiación necesaria de las universidades públicas canarias, sin que esto repercuta en los precios de las tasas para los sectores menos favorecidos de la población ni se disminuyan las retribuciones del personal de las universidades canarias sin que antes el mismo Gobierno de Canarias tome medidas de reducción de gastos ineficientes y superfluos.
3. Solicitamos a toda la sociedad, en general, y a la comunidad universitaria, en particular, que valore los riesgos de este Real Decreto-Ley y que participe en el debate, la defensa y la mejora del sistema universitario como servicio público que garantiza el progreso y la cohesión social.
4. Rechazamos el ataque sistemático que está sufriendo la universidad pública española que atenta contra la dignidad y la profesionalidad de los miembros de la comunidad universitaria, representada por sus rectores.
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